La Fiscalía pide seis años de prisión para Juan Martagón

La Fiscalía solicita seis años de prisión para el delegado del Sevilla F.C., el exfutbolista Juan Martagón, y otros dos acusados que serán juzgados desde este lunes en la Audiencia de Sevilla como presuntos autores de una estafa piramidal a través de una consultoría sobre hipotecas.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla enjuiciará a Juan Martagón y a sus socios al frente de Consultoría de Estudios Hipotecarias S.L. José Adrián Ruiz Merino y Juan Torres, una sociedad creada por los dos últimos en 2005 junto a Joaquin Torres Pujol -contra quien se sigue procedimiento independiente al estar ilocalizable- a la que unos meses después se asoció el exfutbolista.

La Fiscalía pide para Martagón, Ruiz Merino y Juan Torres seis años de prisión y una multa de 15 meses a 20 euros diarios (9.000 euros) al considerarlos autores de un delito de estafa piramidal a través de esta sociedad.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, entre 2005 y 2008, los acusados fueron captando clientes como inversores directamente o cuando intermediaban en operaciones financieras que finalmente conseguían y les solicitaban que pidieran más dinero del estrictamente necesario para su hipoteca e invirtieran la diferencia en la sociedad Consultoría de Estudios Hipotecarias, para "obtener una remuneración del 20% anual de lo invertido".

Prometían abonarles mensualmente los intereses y de esa forma ayudarles a pagar las cuotas del préstamo hipotecario "o simplemente obtener un buen beneficio, pues los intereses del mercado eran muy inferiores".

Las entregas, que siempre se hacían en metálico por los clientes, eran utilizadas por los acusados en su propio beneficio, o se invirtieron en negocios de algo riesgo, según el Ministerio Público, que señala en su escrito que utilizaban la popularidad de Martagón por su condición de exfutbolista para "dar mayor credibilidad o apariencia de seriedad al negocio".

Según el fiscal, "de esta manera crearon una estructura piramidal, en la que los intereses de los inversores antiguos se abonaban, (generalmente en mano y en metálico) con las aportaciones de los nuevos inversores".

Los acusados eran perfectamente conscientes que, de reclamar las inversiones (que eran contratos anuales renovables), les sería imposibles devolverlas tanto por falta de liquidez como porque nunca fue su intención hacerlo, según la Fiscalía.

Hasta mediados de 2008 los clientes estuvieron percibiendo la alta remuneración prometida, pero después dejaron de hacerlo y se quedaron con un total de 600.500 euros de los clientes, lo que supone un delito de estafa.

Además de la pena de prisión y la multa, la Fiscalía pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a sus víctimas y que de forma subsidiaria responda la sociedad Consultoría de Estudios Hipotecarios.