PSOE y Sumar pactan la reducción de la jornada laboral y la subida del SMI

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han llegado a un acuerdo fundamental. Desde hace ya algún tiempo. Sin embargo, no hubo sorpresas. Tanto el PSOE como Sumar han trazado una hoja de ruta en caso de una futura legislatura. Aunque la investidura sigue en manos de los independentistas catalanes y la posibilidad de acordar una amnistía con Junts y ERC, un hipotético gobierno de coalición puede ya presentar una agenda socioeconómica sólida. Esta incluye la reducción de la jornada laboral sin afectar los salarios, la regulación de los despidos y un aumento adicional del salario mínimo, entre otras medidas.

Después de superar el obstáculo de la distribución de ministerios, la cuestión central giró en torno a la reducción de la jornada laboral. Sumar ha defendido con firmeza esta propuesta, que también ha utilizado como medio de presión y diferenciación con el PSOE.

Desde un principio, la vicepresidenta segunda propuso reducir la actual jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 horas para el año 2024, lo que equivale a una disminución de media hora en la jornada laboral diaria. A partir de ese punto, se abriría un debate sobre el tema, donde se podrían abordar estas cuestiones para ver si es viable.

En cuanto al salario mínimo, en la legislatura anterior se elevó a 1,080 euros, lo que representó un aumento del 47% en los últimos cinco años.

El acuerdo se ha forjado durante la noche por los equipos liderados por María Jesús Montero (PSOE) y Nacho Álvarez (Sumar). Sánchez y Díaz serán los encargados de presentar el pacto esta mañana a las 12:30 en un acto público que se llevará a cabo en el Museo Reina Sofía.

Entre las medidas que se destacan en el acuerdo de gobierno, según informes de los partidos, se incluyen un plan inmediato para combatir el desempleo juvenil; el fortalecimiento del sistema de salud público para reducir las listas de espera; una revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático; una extensión de los permisos remunerados por el nacimiento de un hijo; una reforma fiscal equitativa que demande una mayor contribución al gasto público de la banca y las grandes empresas energéticas; el desarrollo de la ley de vivienda para regular los alquileres y aumentar la oferta de viviendas públicas al 20% del total; una ley de cuidados; la reforma del sistema de financiación territorial; y la derogación de la Ley Mordaza.