Estadio Deportivo3 min lecturaLa Justicia Civil brasileña condenó este martes al exfutbolista y senador Romário de Souza Faría a pagar 385.000 reales (unos 94.000 dólares) por el atraso en el pago del alquiler de una lujosa residencia en Brasilia que ocupó durante cuatro años, entre 2012 y 2016.
Romário se instaló en el inmueble durante el período que ejerció como legislador de la Cámara baja.
Según informaciones del portal de noticias G1, de la red Globo, el alquiler mensual del inmueble (28.340 reales o unos 6.912 dólares) tuvo un reajuste en 2015 y después de pagar los dos primeros meses con el nuevo valor (35.000 reales o unos 8.536 dólares) Romário alegó que no estaba de acuerdo con el precio.
El exfutbolista dijo que no existió un contrato para el reajuste, mientras que la empresa inmobiliaria presentó pruebas, como conversaciones y correos electrónicos, en los que el senador aceptaba los valores.
El juez Santos Mendes, responsable de la sentencia, señaló en su veredicto que "quien rechaza un ajuste no pide un recibo para pagar con el valor que no está de acuerdo y efectúa el pago".
El valor determinado por el juez fue responsabilizado para Romário y sus dos fiadores Silvio Antonio Ferreira y Temístocles Grossi.
Esta no es la primera vez que el mejor futbolista del Mundial de Estados Unidos 1994 tiene líos con la Justicia.
En junio pasado, la Fiscalía brasileña presentó una denuncia por atropellar a un motociclista en Río de Janeiro en 2017 e intentar engañar a las autoridades sobre el autor del mismo.
Un amigo de Romário asumió la culpa del accidente, que ocasionó una grave lesión en la cadera la víctima, porque supuestamente el político no tenía licencia habilitada para conducir un lujoso Porsche.
El exjugador del Barcelona y el Valencia fue acusado en 2018 en un reportaje del diario O Globo de ocultación de patrimonio, al transferir para familiares y conocidos propiedades y vehículos de su propiedad para evitar su confiscación.
En 2004 y 2009, Romário estuvo preso durante algunas horas en Río de Janeiro por atrasar la pensión alimenticia de dos de sus hijos y tuvo que pagar la deuda y una fianza para recobrar la libertad.