El asunto es farragoso y no es un iletrado como el que firma el más idóneo para explicarlo con pelos y señales. No obstante, los lectores de ESTADIO Deportivo con cierto interés en el futuro institucional del Sevilla FC deben conocer unos apuntes que seguramente aclararán lo suficiente acerca de qué esperar de la junta de accionistas del próximo 29 de diciembre. A día de hoy, no hay nada definitivo. Es incuestionable que el fallo del juzgado de primera instancia número 10 de Sevilla mejora la posición de José María del Nido Benavente, que se rearma de argumentos para optar, como desea y viene anunciando desde hace tiempo, a recuperar la presidencia del club nervionense, que tuvo que abandonar hace ahora nueve años, justo antes de ingresar en prisión tras la sentencia firme de siete años por prevaricación y malversación de caudales públicos derivada del conocido como 'Caso Minutas'.
Con todo, de la filtración del lunes se pasó este martes al conocimiento por las partes en profundidad de la sentencia, que, efectivamente, concedía al letrado sevillano las cautelares solicitadas para poder votar individualmente en la asamblea, prohibiendo a su hijo, José María del Nido Carrasco, representarle en la toma de decisiones, con lo que no podrá alinearse, como ha ocurrido hasta la fecha, con José Castro. Hasta ahí, un avance, aunque diversas fuentes legales aclaran que, al no aceptar la magistrada Brígida Muro Garrido la anulación del pacto de gobierno de 2019, el ex rector está incapacitado para incumplirlo en los puntos del orden del día que se refieran a la remoción del actual consejo de administración. Hacerlo, como manifestarse en contra de los otros apartados menos 'polémicos', llevaría aparejado para DNB una indemnización considerable, puesto que el citado acuerdo recoge que habría de compensar con cinco millones de euros a cada uno de los otros firmantes, lo que, en total, podría costarle no menos de 20 kilos.
Por eso, en el seno del conocido como 'Grupo de Utrera', con Castro a la cabeza, reina la tranquilidad. Habrían deseado, obviamente, que la justicia no hubiese dado la razón en ese pleito civil, pero consideran que la situación no ha variado ostensiblemente respecto a la de 2021, cuando al abogado ya se le invitó a opinar libremente, aunque asumiendo las compensaciones establecidas. Entonces, como no podía votar por imperativo legal el punto de la marcha del consejo, argumentó que su mando no tenía pilas, misma huida hacia adelante que cuando pudo impugnar la junta y no lo hizo. Además, en el peor de los casos, los gobernantes actuales entienden que, en un combate de igual a igual, cuerpo a cuerpo, podrían reunir más apoyos que los que proclama Del Nido, quien se guarda un as bajo la manga. Porque, como se ya se dijo, sigue pendiente de que la Audiencia Provincial de Sevilla se pronuncie sobre su recurso a la sentencia del Mercantil sobre la vigencia del pacto de 2019, que se extiende hasta 2027 y que no está en entredicho.
Para salirse del todo con la suya, DNB necesita que el fallo de este organismo, que se reunió el pasado viernes, se conozca antes del 29-D y le sea favorable, ya que podría romper, entonces, la agrupación de acciones (casi 32.000, en su caso) por la que se aseguró la presencia de tres consejeros, pero que le impide, por la representación proporcional de las minorías, evitar el voto en bloque, que no contradice al órgano de gobierno. Lo de la penalización es irreversible, pero, de tener las manos completamente desatadas, sí podría pugnar por la presidencia. El plan del letrado es ejercer su derecho y, llegado el caso, reclamar judicialmente el pago al que estaría obligado por no acatar el pacto de 2019, lo que le daría tiempo para reunir el dinero. Pero, sin el OK de la Audiencia, no las tiene todas consigo.