Fue una decisión controvertida, pero que ahora ha hecho a Cádiz volver atrás, también con polémica. En 2021 el Ayuntamiento gaditano cambió el nombre al Estadio Ramón de Carranza para cumplir con la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática andaluza, pasándose a llamar Nuevo Mirrandilla. Ahora se ha decidido lo contrario, volviendo el campo del Cádiz CF a su anterior nombre, al menos a una parte, puesto que ahora sólo se llamará Carranza. Esta decisión ha hecho que el partido Sumar lleve al Congreso de los Diputados el cambio de nombre del estadio, mediante una pregunta al Gobierno con la que quiere saber si la Dirección General de Memoria Democrática cree que esta denominación vulnera la ley y si va a tomar alguna medida "para el restablecimiento de la legalidad".
Sumar recuerda en su pregunta que el nombre del estadio es en alusión a Ramón de Carranza, quien fuera alcalde de la ciudad en la dictadura de Primo de Rivera y durante la guerra civil, y que participó en la represión posterior a la contienda.
Por este motivo, el anterior alcalde, José María González, de Adelante Andalucía, había aprobado retirar el nombre de Ramón de Carranza de una avenida y también del estadio, mediante una consulta popular que fue la que decidió nombrar al estadio Nuevo Mirandilla desde 2021.
Sumar pregunta al Gobierno por el motivo por el que la Dirección General de Memoria Democrática no ha contestado todavía, un año después, al informe que se le había solicitado; y si considera que el cambio de nombre a 'Carranza' supone vulnerar las leyes de memoria democrática estatal y andaluza.
Toni Valero, diputado de Sumar y coordinador de IU, además de uno de los tres firmantes de las preguntas junto a Esther Gil de Reboleño y Nahuel González, asegura que volver a denominar al Estadio municipal como “Carranza” supone "una vulneración clara y evidente de las normas memorialistas a la par que una falta de respeto a todas las víctimas y familiares de la represión franquista en la ciudad".
"Supone dar pasos atrás en la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del franquismo y a sus familiares, evidenciando que al Partido Popular en la ciudad no le hace falta justificarse en VOX para asumir el papel de heredero directo del franquismo", lamenta Valero.
IU reclama al Gobierno "que no se ponga de perfil, tome las medidas legales oportunas si este anuncio se lleva a cabo, y paralice llegado el caso esta decisión que evidentemente es un incumplimiento de la ley estatal y autonómica en materia de memoria democrática".