Íñigo Errejón anunció el pasado 24 de octubre que se retiraba de la política, renunciando a su escaño en el Congreso y a su papel como portavoz parlamentario de Sumar. Horas más tarde de que el político presentase una carta en la que explicaba su dimisión, salió a la luz que Errejón se iba por un gran escándalo, varias acusaciones de violencia machista sobre él.
Fue la periodista Cristina Fallarás la primera que se hizo eco de una denuncia anónima de una mujer que hablaba de violencia machista de "un político que vive en Madrid", siendo ese el detonante de lo que ocurrió después.
La actriz y presentadora Elisa Mouliaá denunció públicamente a Errejón, acudiendo a la Policía Nacional a poner la denuncia y más tarde contando lo ocurrido en redes sociales.
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, quien investiga dicha causa, decidió el 11 de noviembre suspender las declaraciones de la denunciante y el acusado, archivando la causa abierta de manera provisional debido a que la abogada de Mouliaá está de baja por embarazo.
La defensa de Errejón ha recurrido la decisión del juez de parar la causa de forma momentánea, ya que Errejón quiere declarar para "exponer la realidad de los hechos".
En el recurso del expolítico, que afirma que la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá es "falsa", su abogada asegura que todo se trata de "estratagema y añagaza para dilatar y retrasar la tramitación del presente procedimiento, con evidente mala fe y abuso de derecho" por parte de la letrada de Mouliaá.
La letrada de Errejón va más allá y asegura que Mouliaá "se ha negado a designar a otro letrado que la sustituya de su confianza" por lo que "la consecuencia inevitable es la imposibilidad de la continuación del procedimiento". La abogada insta al juez a que reabra la causa para que Errejón puede "declarar a la mayor brevedad" y que se obligue a Mouliaá, "en un plazo máximo de 24 horas", a designar "un nuevo abogado de su confianza que pueda hacerse cargo, de forma inmediata, de su representación letrada".
Por su parte, la defensa de la actriz hace hincapié en que el caso no es "un procedimiento civil", sino uno "penal, excepcionalmente mediático, en el que se imputan graves conductas, y en el que cada día que transcurre" no puede "dar las explicaciones debidas ante el órgano instructor, en detrimento público de su honor y de su derecho a la presunción de inocencia".
"Por tanto, y también dada esa excepcional trascendencia mediática del proceso, no menos excepcional debe ser el respeto a los derechos procesales que amparan al señor Errejón para evitar las graves dilaciones indebidas que pretende la letrada hasta su reincorporación dentro de ¿más de 16 semanas? ¿Marzo o abril de 2025?", concluye.