Estadio Deportivo4 min lecturaEl presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, ha defendido que no hay "rasgo alguno" de que participase en los contratos que investiga una jueza de Majadahonda (Madrid), como el que llevó la Supercopa a Arabia Saudí, y ha pedido que revoque su imputación, que considera "inconsistente".
La defensa de Rocha ha recurrido la resolución de la titular del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) que acordaba ampliar la causa respecto a quince personas e imputar, entre ellas, al exfutbolista y empresario Gerard Piqué, quien habría pactado una comisión anual de 4 millones de euros por el acuerdo que trasladó dicha competición a Arabia Saudí.
En su recurso, al que ha tenido acceso EFE, el presidente federativo pide la nulidad de dicha resolución y el archivo de la causa respecto a él, al considerar que "la decisión incriminatoria" de la jueza no se debe basar en "meras sospechas o prospecciones ayunas de aval probatorio, aunque sea provisional". Pedro Rocha acudió a declarar ante la magistrada el pasado mes de abril en calidad de testigo, si bien salió del juzgado como investigado.
En su recurso, Rocha subraya la "ausencia de datos incriminatorios" en su contra y critica que se le atribuya una "culpa in vigilando" y se le achaque no haber convocado a la Comisión Económica para analizar las prórrogas del contrato de Arabia Saudí o reclamar el expediente.
Cuestiona que la jueza le atribuya una "obligación de control" que le convertiría en una especie de "garante de la legalidad" de los citados contratos, por los que también está investigado su antecesor, Luis Rubiales.
Explica que, en el momento de los hechos, él era presidente de la Federación Extremeña y era Andreu Camps, en condición de secretario general técnico, quien impulsaba la convocatoria de la Comisión Económica y recababa la documentación. A él, como al resto de asistentes, dice, "todo eso les venía dado".
Aparte de recordar que "es claro" que los contratos que se investigan "fueron extraídos del control del área económica de la Federación", cuestiona "el giro judicial, lacónico, según el cual la normativa interna federativa de procedimiento económico" le constriñe, como vicepresidente económico, a la hora de intervenir en la aprobación del contrato de Arabia Saudí o el que adjudicó a la empresa Gruconsa obras de reforma del estadio sevillano de La Cartuja.
El presidente de la RFEF reitera que sólo se analizaban los contratos que implicaban un gasto en la Federación, "pero no la percepción de emolumentos" y recuerda que el entonces comisionado de control externo, Tomás González Cueto -también imputado-, rechazó que hubiese conflicto de intereses en la mediación del entonces jugador blaugrana Gerard Piqué en el contrato de la Supercopa.
EFE