Óscar Murillo4 min lecturaEl pasado jueves se conocía el auto del Tribunal Supremo admitiendo a trámite el recurso de casación interpuesto por la defensa de Farusa (a cargo del prestigioso bufete Montero-Aramburu), en realidad unas alegaciones a uno anterior rechazado, contra las sentencias en firme del Mercantil (2017) y la Audiencia Provincial de Sevilla (2019), que señalaron la suscripción irregular (según esos fallos, ni siquiera se produjo o se abonó con dinero del propio club) del 31,34% de los títulos del Real Betis, de un total de 51,36% que llegó a controlar Manuel Ruiz de Lopera, y que continúan intervenidas. A raíz de ese hecho jurídico, el sobrino del otrora mandamás verdiblanco, Javier Paéz, anunciaba que llegarían "hasta el final" para recuperar esa "mayoría accionarial" de la institución heliopolitana.
Este lunes, ESTADIO Deportivo desgranó cómo está realmente el asunto y pulsó la opinión de quienes firmaron el pacto de julio de 2017 por el que Lopera y Oliver vendían sus paquetes a cambio de unos 15,5 millones y la retirada de los procesos civiles y penales aún abiertos, que no fue completa al insistir cinco miembros de Béticos por el Villamarín, de los 17 que iniciaron la demanda, en llegar hasta el final, lo que propició tres juicios posteriormente a ese fecha. Este medio se puso en contacto con Adolfo Cuéllar (Liga de Juristas Béticos), Pepe Tirado (que representó a Por Nuestro Betis) y Emilio Soto (BxV), quienes coincidieron en señalar como "imposible" el regreso de Lopera. Bueno, de él en persona no sería posible hasta después de 2024, cuando expira su inhabilitación tras la declaración como doloso del concurso de acreedores del club, pero tampoco ven factible que Farusa recupere esa mayoría accionarial.
Restaba por conocerse la versión del Real Betis, invitado por ED a pronunciarse, lo que ha ocurrido en la noche del lunes, con un comunicado (que sigue) que ratifica todo lo avanzado unas horas antes por este portal: "El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un debate sobre si Ruiz de Lopera pagó o no el 31% de las acciones en 1992. Esa cuestión ya estaba en liza al firmarse el pacto de 2017 y el acuerdo ya lo resolvía en todos los posibles casos. Si el Tribunal Supremo diera la razón a Lopera, las acciones están vendidas al Club en 2017, y procederá a amortizarlas. Si el Supremo diera la razón a Béticos por el Villamarín, las acciones no existirían y quedarían por tanto eliminadas.
Esto demuestra el acierto del pacto que firmó este consejo de administración en 2017, porque libró al Real Betis de la incertidumbre que provocaba la litigiosidad sobre la propiedad del Club. A día de hoy, cinco años depués, sigue en curso esta litigiosidad, que no será resuelta antes de dos años. El pacto de 2017 dio estabilidad al Club y ahorró siete años de litigio.
La cuestión de Nélson es un acuerdo accesorio del principal, en el que el Real Betis y el Benfica discuten sobre su cuantía, que en cualquier caso abonará el Betis cuando el juez la determine. Este aspecto accesorio no condiciona en ningún caso la validez de la transmisión de las acciones del Real Betis Balompié".