José Antonio Rivero3 min lecturaEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia el jueves 22 de febrero que supone un golpe contundente para España. En esta decisión, el TJUE señaló que nuestro país podría estar incumpliendo el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. Esta sentencia obliga a España a convertir a miles de empleados públicos interinos de larga duración en empleados fijos, una medida que marca un cambio significativo en la política laboral española.
La decisión del TJUE implica que los empleados interinos de larga duración deberán ser considerados trabajadores fijos, de acuerdo con el Acuerdo Marco europeo. Esto afectaría a aquellos que hayan ocupado una vacante durante más de tres años, ofreciéndoles una mayor estabilidad laboral y derechos asociados a los trabajadores fijos.
Esta sentencia se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitara la interpretación del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. La directiva en cuestión data del año 1999 y aborda la problemática de la temporalidad laboral en Europa.
El TJUE argumentó que la legislación actual en España, que establece un límite de tres años para la ocupación de vacantes por personal interino, podría no ser suficiente para abordar el problema de la temporalidad laboral. Aunque el Real Decreto-ley 14/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, establece un marco para la conversión de empleados interinos en fijos, el TJUE considera que estas medidas son insuficientes.
Según el TJUE, la legislación española debe garantizar una mayor estabilidad laboral y evitar la utilización abusiva de contratos indefinidos no fijos. Esto se vuelve especialmente relevante en un contexto donde los datos indican un incremento significativo en el número de trabajadores interinos en las administraciones públicas españolas.
La sentencia del TJUE marca un punto de inflexión en la política laboral española y plantea importantes desafíos para el gobierno y las instituciones públicas. La transformación de empleados interinos en fijos requerirá una revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación y una adaptación a los estándares establecidos por la Unión Europea.
En última instancia, esta sentencia destaca la importancia de garantizar la estabilidad y la equidad en el empleo público, así como el compromiso de España con el cumplimiento de las normativas laborales europeas. La respuesta del gobierno español y las acciones posteriores determinarán el camino a seguir en el ámbito laboral y su relación con las instituciones europeas.