José Antonio Rivero6 min lecturaEn una decisión tomada por el Ministerio de Sanidad, se ha anunciado la implantación obligatoria del uso de mascarillas en hospitales y centros sanitarios a partir del próximo miércoles. Esta medida surge como respuesta a la falta de consenso con las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde se discutía la obligatoriedad del uso de mascarillas en diversos entornos, incluyendo centros sanitarios, residencias y farmacias, debido al aumento de infecciones por virus respiratorios.
El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha confirmado que esta decisión se toma en cumplimiento del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Este artículo permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública, buscando una respuesta unificada ante situaciones que afecten a la salud de la población.
Sin embargo, es importante destacar que la medida se aplica únicamente a hospitales y centros de salud, excluyendo centros sociosanitarios y farmacias, a pesar de que la propuesta original incluía estas últimas. Ante la falta de acuerdo en la reunión, el Ministerio de Sanidad ha abierto un plazo de alegaciones durante las próximas 48 horas, permitiendo a las comunidades autónomas presentar propuestas para modificar la medida, como la posibilidad de ampliar su aplicación a las farmacias.
Mónica García, al finalizar la reunión, reiteró el compromiso del Ministerio en la lucha contra la propagación de enfermedades respiratorias: "Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras pre-pandemia. Desde este Ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogeneizar la protección de la salud". Insistió en que la norma es "efectiva, de sentido común, avalada por la evidencia científica y bien recibida por la población".
La decisión del Ministerio de Sanidad no ha sido recibida de manera unánime por todas las comunidades autónomas. Mientras Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia anunciaron la implantación obligatoria de las mascarillas en estos centros antes de la reunión, otras CCAA han mostrado su oposición, prefiriendo mantener la recomendación en lugar de la obligatoriedad.
En este contexto, Aragón inicialmente había anunciado la obligatoriedad solo para el personal sanitario, pero durante la reunión amplió su alcance también a los pacientes en salas de espera. La diversidad de posturas generó la necesidad de establecer un soporte jurídico a través de una declaración de actuación coordinada para respaldar a las comunidades que ya habían introducido la mascarilla en sus sistemas sanitarios.
Entre las comunidades autónomas que expresaron su descontento, destaca Castilla y León. Su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, resaltó que la convocatoria de la reunión "llega tarde" y defendió que la comunidad cuenta con planes de contingencia invernal desde hace años para hacer frente al aumento de casos de patologías respiratorias.
De manera similar, la consejera de Salud de La Rioja, María Martín, expresó su desacuerdo con la premura de la convocatoria y criticó el uso del término "colapso" por parte de la ministra, considerándolo una alarma innecesaria.
La Comunidad de Madrid, por su parte, mantendrá la recomendación de usar mascarillas en los supuestos contemplados desde julio de 2023, criticando que el Ministerio haya adelantado propuestas de manera no oficial. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, resaltó que todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña, coincidieron en recomendar el uso de mascarillas de forma responsable en los supuestos ya indicados desde el final de la pandemia.
En el caso de País Vasco, se criticó la falta de criterios técnicos en la reunión y se reclamó el respeto a las competencias de la región en materia de Salud. El Ejecutivo vasco señaló que no compartía la forma ni parte del contenido de la convocatoria realizada por el Ministerio de Sanidad.
Andalucía votó en contra del documento propuesto por carecer de rigor técnico, según declaró la consejera de Salud y Consumo, Catalina García. El consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, calificó como desproporcionada la intención de imponer la mascarilla obligatoria en diversos lugares y destacó la necesidad de basar cualquier medida en criterios técnicos.
En resumen, la implantación obligatoria del uso de mascarillas en hospitales y centros sanitarios ha generado discrepancias y críticas entre las comunidades autónomas, evidenciando la complejidad de llegar a consensos en medidas de salud pública en un contexto post-pandémico.
