Óscar Murillo4 min lecturaEl 'Diario Atlántico' de Vigo publica este viernes una entrevista con Borja Iglesias de la que ha ido ofreciendo algún adelanto en la víspera, pero quizás la afirmación más controvertida del rotativo gallego es la que contradice la información deslizada por el Real Betis a algunos medios sevillanos y que avanzó en primicia 'Abc'. Se trata de la duración del contrato del 'Panda', que llegó a Heliópolis en el verano de 2019 y suscribió inicialmente un vínculo por cinco temporadas que, en diciembre de 2021, se prorrogó hasta 2026, una forma de diluir un poco la amortización de los 28 millones de euros que hubo que abonar al RCD Espanyol por su cláusula de rescisión y de que el salario no ocupara tanto porcentaje del LCPD fijado por LaLiga. En aquella negociación se incluyó la posibilidad de ampliar la entente entre las partes un curso más, hasta el 30 de junio de 2027. Aquí está el quid de la cuestión y la discusión.
La versión verdiblanca es que, cuando el delantero se marchó cedido sin opción de compra al RC Celta, se activó unilateralmente ese apartado para controlar mejor el siguiente paso en la carrera del compostelano, pues, de recuperar como celeste el nivel que no ofreció (muy a su pesar) en la 23/24 (sólo dos goles y dos asistencias en 28 partidos con los heliopolitanos y el Bayer Leverkusen, por los cuatro tantos en 13 compromisos de la 24/25), se entendía que perjudicaría una posible venta que le quedase un único año por delante, a seis meses de poder comprometerse con quien desee con luz y taquígrafos para llegar como agente libre en otro semestre más. Sin embargo, la mencionada publicación norteña, seguramente tras consultarlo con el propio protagonista (incluso, no se descarta que lo haya verbalizado en su charla con ellos), insiste en que, a día de hoy, el final de su contrato sigue siendo el mismo: 30-06-2026.
Desde la agencia que representa al artillero, Toldrá Consulting SL, aclaran a ESTADIO Deportivo que, efectivamente, no ha habido variaciones en el estatus burocrático de Borja Iglesias, que, lógicamente, les debería haber sido comunicado en tiempo y forma de ser una realidad. Eso no quiere decir, por supuesto, que el Real Betis no tenga pensado ejercer esa cláusula de ampliación, siempre y cuando se confirme que es de carácter unilateral, para conservar la sartén negociadora por el mango y evitar que el RC Celta, si desea firmar en propiedad a su dorsal 9, pueda presionar para llevárselo más barato de lo que indique su rendimiento de aquí a final de curso. Si, efectivamente, sigue terminando en 2026, más allá de los 1,8 millones de euros netos que percibe como sueldo y se ahorraría en una hipotética rescisión, quedarían cuatro millones de euros por enjugar como amortización pendiente, precio mínimo por el que debería venderse para cuadrarlo todo de manera contable.
