El pasado 15 de abril, la
Junta de Andalucía aprobó el
ERTE presentado por el
Sevilla FC con el que pretendía paliar los
efectos negativos que el COVID-19 tendrá sobre la economía del club, una decisión que podría traerle importantes consecuencias. La primera y más inmediata podría tener que ver con sus accionistas.
Y es que, el próximo día 15 debe efectuar
el último pago del reparto de dividendos, algo que podría anularse, también de cara al próximo curso. Y es que, en opinión de las autoridades, podría considerarse incompatible este reparto de beneficios con las ayudas estatales propias del Expediente de Regulación. "Desde el ministerio se están estudiando medidas para que, ante los enormes beneficios que reciben por un ERTE, no puedan acogerse empresas que tengan sede en algún paraíso fiscal o bien que estén repartiendo dividendos. Es una reflexión que está en el seno de la Unión Europea. Lo hemos planteado al diálogo social y esperamos que salga adelante", explicaba al respecto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en 'La Vanguardia' este fin de semana.
Pero no sería el único problema que afectaría al Sevilla, porque, además, la titular de Trabajo y Hacienda está dispuesta a inspeccionar y fiscalizar los gastos de los clubes de Primera, Segunda y Segunda B que se hayan acogido a esta opción, lo que incluiría los fichajes del próximo verano.
Así, cualquier movimiento que realice Monchi en la siguiente ventana de transferencia estará bajo la lupa del Gobierno, por lo que la planificación quedará condicionada. Se infiere, en este punto, que el gasto no podrá ser desorbitado, lo que implicaría una limitación a la hora de negociar para el director general deportivo.
Esta situación no afectará sólo al Sevilla, sino que se extenderá a clubes como el Atlético de Madrid o el F.C. Barcelona, que también han hecho uso de esta medida para contrarrestar los efectos de coronavirus.
Isabel Morales2 min lectura