El fiscal ha rebajado hoy en el juicio de once a seis los años de prisión que pide para el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell por blanquear supuestamente veinte millones de euros (unos 22,5 millones de dólares) de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), de los que se cree que se quedó con al menos 6,5 millones (7,3).
En el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional española el fiscal José Javier Polo ha rebajado también la solicitud de diez a cinco años de cárcel para el socio de Rosell, el abogado andorrano Joan Besolí, y de siete a un año y once meses para su esposa, Marta Pineda.
Asimismo lo ha hecho respecto a tres presuntos testaferros, para quienes pedía entre seis y ocho años de cárcel, y ahora solicita un año y once meses de prisión para Pedro Andrés Ramos González y Shahe Ohanessian y un año y seis meses para José Colomer Esteruelas.
En todos los casos el fiscal les acusa de blanqueo de capitales y grupo criminal, mientras que en sus conclusiones provisionales les atribuía además del primer delito otro de organización criminal, aunque en el informe que expondrá en la próxima sesión del juicio, el próximo día 25, explicará de forma más exhaustiva las razones de su modificación de conclusiones.
El fiscal ha pedido además que los acusados paguen diversas multas, la mayor de ellas Rosell, 59 millones de euros (66 millones de dólares). Asimismo ha reclamado que Rosell y Besolí sean inhabilitados para ejercer cualquier actividad en el mundo empresarial durante tres años, a contar a partir de que cumplan la pena privativa de libertad, y durante dos años Ohanessian y Colomer.
Los abogados defensores han mantenido sus peticiones de absolución para todos los acusados y han alegado vulneración de los derechos de estos, porque en su escrito de conclusiones definitivas el fiscal ha introducido hechos nuevos que no figuraban en su informe de acusación provisional, de los que no han podido defenderse en el juicio.
La acusación del fiscal está relacionada con la labor de intermediación de Rosell -que presidió el FC Barcelona entre 2010 y 2014- a través de su empresa de márketing deportivo BSM para que la CBF cediera en 2006 a un grupo audiovisual de Arabia Saudí los derechos de televisión de 24 partidos amistosos de la selección brasileña por 27 millones de euros (30 millones de dólares).
La Fiscalía relaciona los delitos que atribuye a los acusados a unas supuestas comisiones ilegales que habría recibido el entonces presidente de CBF, Ricardo Teixeira, que según ha indicado el fiscal durante el juicio es investigado en Brasil por estos hechos.
Según el escrito de conclusiones definitivas de la Fiscalía, los acusados formaron una agrupación delictiva de intereses comunes, reforzada por vínculos de amistad y parentesco, dedicada al lavado de capitales a gran escala, a sabiendas de su ilícita procedencia. "Utilizando esa capacidad de colaboración y confianza, los acusados procedieron a ocultar las cantidades ilícitamente obtenidas por una persona muy relacionada con el acusado Rosell en el ámbito directivo del fútbol, Ricardo Teixeira", señala el fiscal.
Detalla que lo llevaron a cabo "con ocasión de la firma de ciertos contratos en los que éste intervenía en representación de la Confederación Brasileña de Fútbol. "Particularmente el de compraventa de los derechos audiovisuales de la selección nacional de fútbol de Brasil realizada por la citada confederación en favor de la sociedad International Sports Events (ISE) y el contrato de esponsorización firmado por la CBF con Nike", agrega.