Alejandro Sáez
La Junta de Accionistas del Sevilla FC para este 2022 ha sido convocada para el 29 de diciembre y con ella, ante su proximidad, llegan los primeros movimientos desde el accionariado. Con los bandos que representan el presidente José Castro y el expresidente José María del Nido como principales animadores de la misma, la guerra encarnizada que vienen protagonizando desde hace años aventura una nueva y tensa entrega que, antes, deberá jugarse en los juzgados. Nada nuevo tampoco, ya que en los últimos años viene siendo similar durante la previa de la misma.
Junto a Castro y Del Nido, el resto de accionistas minoritarios buscan también su parte de pastel a la hora de defender sus intereses y los del Sevilla FC como institución. Sin olvidar, claro está, que el Sevilla FC es en última instancia una SAD y que el dinero (invertido por unos y otros en el club) es el que se impone al sentimiento. Al menos, así lo veo yo y para eso ésta es mi artículo de opinión.
Una de las grandes novedades que traerá consigo la junta del próximo 29 de diciembre en su orden del día serán los puntos octavo y noveno, referentes a la modificación de los artículos 18 bis y 38 que, resumiendo, se basa en la protección de los símbolos. Una lucha que abandera la asociación de Accionistas Unidos desde su fundación en 2017 y en la que, en mayor o menor medida, han venido dando pasos. Y desde aquí lo aplaudo, que nadie se confunda con lo que vengo a exponer a continuación.
Según el comunicado emitido, la propuesta de Accionistas Unidos, que se someterá a la decisión de la Junta, consiste "en requerir el acuerdo de una mayoría de tres cuartas partes del capital social total del SFC para decidir la enajenación del Estadio y la Ciudad Deportiva o para modificar cualquiera de los símbolos del SFC", véase bandera, himno, afición... Unos porcentajes, en definitiva, que son "bastante más elevados de los que actualmente figuran estatutariamente".
Hasta ahí, todo de acuerdo. Un esfuerzo loable por parte de la asociación, pero al que, sin embargo, le saltan las costuras cuando uno rasca más allá y se da cuenta que tal blindaje es de cartón. Y me explico.
Al hablar del acuerdo "de una mayoría de las tres cuartas partes del capital social" hacemos referencia al 75% del mismo. Es decir, prácticamente lo que ya está en propiedad de las grandes familias sevillistas y 777 Partners, fondo inversor que entró en el accionariado de la mano del presidente Castro y que hoy respalda a Del Nido. Unos accionistas mayoritarios que ya se pusieron de acuerdo en 2018 para una venta del club a los Americanos (777 Partners) que finalmente se acabó rompiendo cuando la familia Carrión se desmarcó en sus exigencias, saltando todo por los aires.
Es decir, un blindaje del 75% que, en mi opinión, es un blindaje falso, de cartón. Un blindaje que sigue dejando los símbolos en manos de los grandes accionistas del Sevilla FC, cuyos sentimientos (han demostrado en más de una ocasión) no siempre está por delante de sus intereses económicos o personales. Tan sólo hace falta que los grandes accionistas vuelvan a ponerse de acuerdo y el blindaje saltaría por los aires.
Más me escama cuando uno sigue indagando y, además, se entera de que la protección del artículo 18 bis de los estatutos y el 38 no es la misma y que no para todo hace falta esa tres cuartas partes de la que se habla, que hace falta con menos para algunos símbolos.¡Qué raro! Un detalle, por desgracia, sobre el que (por ahora) no puedo entrar en detalle por respeto a mis fuentes.
Sobre este particular blindaje, de cartón bajo mi punto de vista, quise consultar también a Accionistas Unidos, a los que desde aquí agradezco su respuesta y dedicación por el Sevilla FC, aunque yo no vea del todo claro lo referente a los símbolos en la próxima junta.
"Si todos los accionistas mayoritarios se ponen de acuerdo, nada podemos hacer", confirman desde AU ante mi pregunta, al mismo tiempo que argumentan: "Hay que tener presente que los grandes accionistas necesitarían del apoyo de las acciones sindicadas y no sólo las propias. Que se den todas esas circunstancias es posible pero muy poco probable". Un extremo que, por desgracia, he podido confirmar que es erroneo y que contabilizadas (por mí) todas las acciones en manos de los grandes accionistas y sus satélites alcanzan ese 75% sin tener que ponerse en mano de los pequeños.
Explican desde Accionistas Unidos, también, que "la normativa mercantil impide que el porcentaje de quórum sea más alto" y que "el Sevilla va a ser el único club que tendrá protegido sus inmuebles con una exigencia tan elevada". "Hasta ahora se exigía sólo el 50% de los votos de los asistentes, necesitándose solo el 35-40% del capital social", siguen exponiendo desde la asociación sevillista, apostillando que "la subida del quórum evita un pelotazo urbanístico de una parte no mayoritaria del capital social", lo que era "un riesgo evidente hasta ahora". En última instancia, reconocen que no puede olvidarse que "el club es una SAD y que su naturaleza de capital no puede desvirtuarse directa o indirectamente", estando "al límite" en ese sentido.
La protección que, a mi parecer, llega tarde. Es cierto que los esfuerzos de AU la llevarían hasta lo máximo que permite la ley, pero este movimiento habría sido realmente útil años atrás, cuando los grandes accionistas controlaban una porción de la tarta accionarial mucho menor. Hoy, tal y como lo veo yo, el Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva sólo estarían blindadas de cara a la galería y la última decisión seguiría estando en los de siempre. Y voy más allá, para mí, tan sólo es una licencia del actual consejo de administración del Sevilla FC para asegurarse el apoyo de la asociación en la Junta. Ésta, al menos, es mi opinión. ¡Y ojo con lo de las tres cuartas partes!