La cruzada de Real Madrid y Athletic Club de Bilbao contra el acuerdo de los de 38 clubes de LaLiga y LaLiga Hypermotion con el fondo CVC se ha ido al traste por decisión judicial. El proyecto mediante el cuál recibirán una inyección económica de 2000 millones de euros, nombrado como LaLiga Impulso, iba a beneficiar a todos los firmantes, mientras los denunciantes además de Fútbol Club Barcelona e Ibiza se quedaban al margen al no rubricarlo. Blancos y rojiblancos y en su momento también los culés y la Real Federación Española de fútbol, llevaron ante la justicia el acuerdo, asegurando que vulneraba los estatutos de la competición, pero finalmente el Juzgado de Primera instancia número 15 de Madrid ha puesto fin a todas estas reclamaciones, dando la razón a los firmantes.
Para la justicia, este proyecto se ajusta perfectamente a dichos estatutos, ya que cumple con el marco legal y además no compromete los derechos de ninguna entidad, y tanto LaLiga como los clubes tienen una autonomía total para sellar acuerdos que les beneficien y les generen ingresos extras en base a actividades comerciales y audiovisuales que dependan de de la práctica deportiva. Incluso, los denunciantes han salido escaldados y tendrán que hacerse cargo de todos los costes que ha supuesto el juicio.
El principal opositor siempre ha sido. Primero fue el Barça, que en junio del año pasado se retiró, ya que no vio un retorno posible. Más tarde fue la RFEF, que estaba en otras batallas más importantes, y en entre pelearse con los Florentino Pérez o con Javier Tebas, eligió al madrileño.
Tras esta decisión, que se ha demorado casi un mes desde el juicio que tuvo lugar el 1 de febrero, los clubes no tendrán que devolver ni un euro de los 1442 millones que ya han recibido y de los que aún les restan por percibir 558. Esta suma total se debe al 9% de sus derechos televisivos de los próximos 50 años, una cifra muy grande, pero que si el campeonato va bien, será mucho mayor de lo invertido inicialmente.
Ahora se abre un nuevo camino para madrileños y bilbaínos, que tendrán la posibilidad de recurrir la sentencia, pero después de la dureza de la misma y de las tres veces anteriores que hayan tratado de pararlo, tampoco hayan podido hacerlo, no parece que tengan opción alguna. En última instancia podrán acudir ante el Tribunal Supremo, algo que tampoco parece que vaya a suceder.