Manuel Rocha3 min lecturaClub Atlético Osasuna acaba de conocer una dura sanción económica a la que tendrá que hacer frente. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) solicita al equipo rojillo 200.000 euros por la instalación de un sistema de reconocimiento facial para el acceso a El Sadar en 2022. En la resolución, dictada en diciembre de 2024, se insta a la retirada de dicho método de acceso al estadio por “salvaguardar el derecho fundamental de las personas abonadas dadas de alta en el sistema”. Osasuna ya ha informado que recurrirá la sanción a la Audiencia Nacional porque entiende que los sistemas a los que se refiere la AEPD son antiguos y no se corresponde con el que usa el equipo en algunos accesos a su recinto.
La denuncia que ha originado todo este conflicto data de 2022, cuando Osasuna instaló este sistema en algunas entradas a su estadio. El club asegura que “se puso a disposición de aquellos socios que voluntariamente decidieron hacer uso del mismo, manteniendo la opción de acceder al estadio por otros medios”. Según la entidad navarra, el sistema se puso a disposición de ocho mil socios, de los que solo dos mil aceptaron utilizar este método para poder acceder a los partidos de Osasuna como local.
En un comunicado publicado por la entidad pamplonica, se explica que “estas soluciones biométricas basadas en RBRs han sido refrendadas recientemente por el Centro Criptológico Nacional (CCN), máximo organismo de ciberseguridad de España, que el pasado mes de diciembre publicó un informe en el que “recomienda para el nivel alto de seguridad el uso de sistemas de control de acceso basados en el uso de plantillas biométricas RBR””. Cuando se abrió el expediente contra el club, al comienzo de la campaña actual, informaron que el sistema se encontraba paralizado porque lo estaban adaptando a una nueva configuración del sistema de entrada a El Sadar y porque debían hacerle algunas modificaciones para que cumpliera con las legislaciones oportunas.
Este asunto cuenta con un precedente reciente en España. En el pasado mes de abril, el Burgos, que milita en Segunda División, fue sancionado por registrar la huella dactilar a los abonados. El cuadro castellanoleonés recibió sanciones por valor de 200.000 euros por su método de acceso a El Plantío. En el caso de los burgaleses, recogieron datos biométricos de unos 700 aficionados sin que estos lo supieran, y fueron denunciados por La Hinchada de Arlanzón, hechos que el propio club reconoció.