Paula Fiorella Méndez3 min lecturaLa Audiencia de Las Palmas juzgará a partir del 4 de julio al empresario Miguel Ángel Ramírez presidente de la la Unión Deportiva Las Palmas, por el fraude de 36,66 millones que presuntamente generó a la Seguridad Social y Hacienda entre 2012 y 2017, por el que la Fiscalía de Asuntos Económicos pide que sea condenado a 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa. Esta acusación pública pide a su vez 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de la empresa Seguridad Integral Canaria en 2011.
Durante casi tres semanas, la sección primera de la Audiencia Provincial examinará uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Canarias, no solo porque afecta al propietario de un club de Primera División (Ramírez preside la UD Las Palmas, de la que es accionista mayoritario), sino también por sus derivadas político/judiciales.
De esta causa surgió el intento del juez Salvador Alba de acabar con la carrera de su primera instructora, Victoria Rosell, que estuvo incluso imputada ante el Supremo, hasta que el propio Miguel Ángel Ramírez dio un giro al caso al entregar a la Justicia una grabación en la que Alba le ofrecía beneficios procesales a cambio de que colaborase a cargar varios delitos a la entonces diputada de Podemos.
Rosell salió exonerada de todas las acusaciones que se plantearon contra ella, mientras que Salvador Alba perdió su condición de juez y cumple desde el 18 de octubre de 2022 una condena de seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental.
Ramírez ha sido imputado por cinco delitos contra la Hacienda Pública, tres contra la Seguridad Social, mientras que a De Armas se le acusa de tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.
El juicio tendrá lugar la próxima semana, donde la Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y el sindicato USO tratarán de demostrar que Ramírez y De Armas recurrieron de forma sistemática a una serie de "ficciones" en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de 2008.
Las cuatro acusaciones del caso sostienen que, en realidad, esas maniobras de Seguridad Integral Canaria buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera a costa de "perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores".