Manuel Pedrero3 min lecturaLlegan novedades en el caso de Santi Mina. El delantero gallego sigue sin equipo después de que el Celta de Vigo le rescindiera el contrato a primeros de agosto. El futbolista está condenado a cuatro años de cárcel por un delito de abuso sexual cometido en 2017 en la localidad almeriense de Mojácar. La acusación particular del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pide la inmediata entrada en prisión o la retirada del pasaporte, entre otras medidas, al considerar que existe riesgo de fuga.
A través de un escrito elevado al TSJA, el abogado de la víctima traslada que "el condenado ha pretendido nuevamente marcharse del país con aparentes motivos laborales", pero "sin informar al tribunal en ningún momento" y "teniendo noticias de ellos única y exclusivamente por los medios de prensa". Aporta además que a pesar de "reiterar la defensa la supuesta plena disposición a la justicia" por parte del futbolista, ha intentado, "como ya hiciera el año pasado con su desplazamiento hasta Arabia Saudí al formalizar contrato de trabajo en el extranjero", en una información recogida por Europa Press.
Iván Bolaño, como así se llama el letrado, sostiene que "su salida del país no se ha frustrado debido a la voluntad del condenado, sino que el fichaje se ha frustrado por las quejas de los aficionados del club italiano en atención a los antecedentes y el delito perpetrado". Para el abogado, Mina "sigue en la búsqueda de trabajo fuera del país para tener un motivo y abandonar" el país, lo que "aumenta exponencialmente el riesgo de fuga y de incumplimiento de la condena impuesta".
En el escrito, el letrado apunta que la condena impuesta de cuatro años ha sido ratificada por una instancia superior, por lo que la entrada en prisión es de "obligado cumplimiento". Asimismo recuerda que el atacante "no tiene, en la actualidad, vínculos labores o profesionales que lo aten a España y que con su indiscutible capacidad económica está habilitado para establecerse sin problemas en cualquier país del mundo".
Como medidas cautelares, la acusación particular planteó limitar la libertad provisional con la obligación de que acuda "semanalmente" al tribunal o la retirada del pasaporte "junto con la expresa prohibición de la salida del país" para, así, "no seguir tolerando un trato de favor y, por tanto, discriminatorio".
El jugador sigue en la búsqueda activa de equipo. Estuvo cerca de fichar por la Sampdoria, de la Segunda división italiana, pero los seguidores bloquearon su llegada. Su último equipo fue el Al-Shabab, de Arabia Saudí.