Óscar Murillo11 min lecturaJavier Páez, sobrino de Manuel Ruiz de Lopera, atendía este fin de semana a 'Muchodeporte' y la agencia EFE para valorar la información avanzada por 'Diario de Sevilla' acerca del auto dictado el pasado jueves por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, admitiendo a trámite el recurso de casación interpuesto por los abogados del de El Fontanal contra las sentencias en firme del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla (en septiembre de 2017) y de la Sección 5º de la Audiencia Provincial de Sevilla (en octubre de 2019, ratificando lo decidido por el juez Carretero), que señalaban la suscripción anómala el 30 de junio de 1992 del paquete de acciones retenido por el primero de los organismos (un 31,38% del 51,36% que llegó a controlar el veterano empresario sevillano). "Vamos a llegar hasta el final. Farusa compró todas sus acciones del Betis y el TS ya ha dado el primer paso para corroborarlo. El nuestro es un caso parecido al de los Gil en el Atlético de Madrid, y a ellos, al fin, les ha asistido la razón judicial. Esta familia ha sufrido mucho, se ha ido contra su patrimonio y, ahora, creemos que estamos en el camino correcto para que se nos conceda la razón. Si en el Supremo se nos devuelven estas 36.869 acciones, devolveríamos sin problemas los ocho millones que ya se nos otorgan en el Pacto por la otra parte de las acciones ya negociadas y recuperaríamos la mayoría accionarial con el total del 51,3%", asevera el actual administrador de Farusa.
Por el Pacto, Páez se refiere al acuerdo firmado el 28 de julio de 2017 en la Notaría Lledó y Seda de la capital hispalense entre Por Nuestro Betis, la Liga de Juristas Béticos, Luis Oliver y el Real Betis como institución para terminar con un largo proceso, tanto por la vía civil como por la penal, que motivó, entre otras acciones, la intervención judicial de la entidad por parte de la jueza Mercedes Alaya y el posterior concurso de acreedores. En el acto, auspiciado mes y medio antes con una serie de reuniones privadas en el propio Benito Villamarín, se aceptaba abonar a Don Manuel y Bitton Sport unos 15,5 millones de euros (8,3 y 7,2, respectivamente, al parecer), aunque hay disparidad de opiniones sobre si el 31,38% retenido se valoró en 0 euros, como defiende algunos, o no fue así. El caso es que la entente incluía la retirada de todas las partes de los litigios en marcha o pendientes, pero cinco de los 17 accionistas que, a título individual, iniciaron el proceso en el Mercantil (con el fallecido Don Hugo Galera Davidson entre ellos) decidieron llegar hasta las últimas consecuencias, por lo que de los 8,3 kilos a Lopera faltan por pagarse unos cuatro (pendientes de la resolución del Supremo) y reclaman 2,7 por los avales del 'caso Nélson', que se juzgó en una pieza separada.
Pese a tratarse de una tema farragoso y (seguro que para muchos béticos) anacrónico, ESTADIO Deportivo ha querido pulsar la opinión de las otras partes, tanto los firmantes del citado Pacto de 2017 como los que no lo hicieron, así como con el Betis, que, de momento, prefiere no pronunciarse al respecto. Y todos coinciden en que la presunta recuperación de la mayoría accionarial por Farusa es una afirmación "sin fundamento jurídico ni base de ningún tipo". Así lo creen Adolfo Cuéllar (que llevó el litigio en el Mercantil junto a Javier Romero hasta ese 28 de julio de 2017), Pepe Tirado (ex dirigente de la extinta PNB, al que le mandamos un abrazo y un firme deseo de pronta recuperación) y Emilio Soto (miembro de Béticos por el Villamarín y uno de los cinco demandantes que persiste en su deseo de "que la verdad salga realmente a la luz").
Según explican los dos primeros, el 31,34% retenido por el Mercantil está incluido en el famoso acuerdo, pero "no valorado en 0 euros, sino en unos 4 millones en total, que el Betis no ha pagado porque sigue abierto el proceso", además de puesto a disposición después de la masa social de la entidad "a un precio distinto e inferior, el de la época de su supuesta compra (entre 60 y 90 euros), mientras que el otro 19,98% que nadie discutía a Lopera salió a la venta a 450 euros la acción". Además, a la espera de que se agoten las vías judiciales de recursos y demás (será en el Supremo, en un mínimo de 6-8 meses y un máximo de 10-12, según los expertos, ya que "no hay argumentos que puedan llevarlo hasta el Tribunal Constitucional), se realizó una ampliación de capital en ese ejercicio 2017/2018 equivalente a ese casi tercio del total, que, cuando se reciba formalmente y se abone a Lopera, deberá ser amortizado. Tras los respectivos ajustes contables, volvería a existir un 100% real de acciones: 117.500.
"Creo que el Supremo no va a dar la razón a Farusa, sinceramente. Pero, aunque así fuera, no invalidaría el acuerdo, porque hubo una transacción de acciones. No hay marcha atrás", apunta Tirado, al tiempo que, pese a que Javier Páez habla de que el Pacto de 2017 está ya denunciado por impago (de esos 4 millones y los 2,7 de Nélson) y, por ende, se anularía de otorgarles la razón el Alto Tribunal, Cuéllar va más allá: "Pase lo que pase, me refiero a que den la razón a los cinco demandantes o a Lopera, no tendría efecto jurídico alguno sobre la titularidad de ese 51% largo por ciento de acciones. La posibilidad es cero, porque, encima, no se está discutiendo eso (que requeriría otra demanda y un juicio que tardaría años, seguramente dos lustros o más, en resolverse), sino sólo si Lopera pagó el 31,34% en su día con dinero propio y no del Betis o, como luego explicó, se subrogó a unos préstamos existentes con las Cajas de Tegasa y se lo fue descontando de lo prestado al club".
Soto, sin queren ahondar en un proceso aún en marcha, difería de los otrora miembros de las plataformas firmantes en algunos puntos, pero no en el esencial, tras aclarar lo siguiente: "No tiene nada que ver con Béticos por el Villamarín, sino que somos cinco socios y accionistas, de los 17 iniciales, que sabíamos que no podríamos ganar nada y sí perder mucho, pero que seguimos impasibles en aras de la honestidad". Y añade: "Es un tema puramente formal lo que dictaminará el Supremo. En el peor de los casos, para lo que dice Javier Páez, debería haber un nuevo juicio, con nuevos planteamientos y otras historias que se resolvería en 10 años”. Habría que aclarar que el propio Manuel Ruiz de Lopera no podría retomar el poder en ningún caso, ya que está inhabilitado hasta 2024 tras ser declarado el concurso doloso por parte de sus administradores ante el Mercantil.
Según ha podido recabar ED de fuentes del caso, la defensa de Lopera (responsabilidad del cotizado despacho Moreno-Aramburu), tras perder en primera instancia (Mercantil 2017) y segunda instancia (Audiencia 2019), presentó un recurso de casación al Supremo en abril de 2022 (en vísperas de la final de la Copa del Rey), con 10 puntos que fueron rechazados por su “carencia manifiesta de fundamento”. Se volvió a reformular el escrito, con esos 10 apartados, en forma de alegaciones, pero ocho de ellas (entre las que se incluye la posibilidad de un error procesal, la única que podría variar las dos sentencias en firme anteriores) se denegaron nuevamente. Únicamente considera el Supremo que son dignas de estudio las referentes al pago a priori o a posteriori del 30-06-1992 por parte de Lopera de ese 31,34%. "No hay opción a más juicios. Sólo pueden definir aspectos de índole jurídica, pero es un caso que ya está juzgado. No se va a discutir ese fallo", aclara otra fuente cercana a los cinco demandantes. Ahora, desde el jueves pasado, tienen 20 días hábiles para contestar a esta admisión a trámite, que, confían, termine con la ratificación de lo que ya reconocieron dos tribunales sevillanos: que el de El Fontanal no pagó nunca con su patrimonio, ni antes ni después de la conversión en Sociedad Anónima Deportiva, ese paquete retenido de títulos.