Villa Gómez5 min lecturaEl Real Betis ha convocado esta semana para el próximo martes 17 de diciembre la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se presume un paseo, como las últimas, para 'Ahora, Betis, Ahora', el grupo comandado por Ángel Haro y José Miguel López Catalán que gobierna el club ininterrumpidamente desde febrero de 2016. Los dos máximos accionistas de la entidad de La Palmera han ido reforzando su posición paulatinamente, adquiriendo paquetes de títulos de opositores y particulares. Lo cierto es que se desconoce cómo ha quedado el mapa de notables desde la reciente ampliación de capital, que finalizó en el mes de agosto, aunque, al no haber concurrido los miembros de otras familias ilustres en verdiblanco, se presume que la diferencia entre lo que controlan el empresario villaverdero y su mano derecha respecto a los que puedan discrepar de su gestión, lejos de reducirse, se ha ampliado.
Con muchos apoyos, además, los actuales mandamases no tendrán problemas para sacar adelante las cuentas del ejercicio 23/24 y el presupuesto de la 24/25, con muy pocas diferencias respecto a los precedentes, así como tampoco en el apartado de reelección y nombramiento de nuevos miembros del órgano de gobierno. Lo que más escama a un sector del beticismo, eso sí, radica en la ingente lista de artículos de los Estatutos de la institución cuyo cambio y/o supresión se someterá al voto de los presentes en el Hotel Barceló Renacimiento de la Isla de La Cartuja dentro de un mes. En concreto, los puntos 7 y 10 del orden del día incluyen dos apartados bastante polémicos, ya que dejarían en manos del consejo ciertos poderes que, hasta ahora, debían contar con el respaldo de la mayoría de los accionistas o, simplemente, ni siquiera podrían contemplarse.
Los dos artículos en cuestión son el 8 y el 31. El primero, literalmente, reza así: "Sólo podrán ser accionistas de la sociedad las personas físicas de nacionalidad española, las personas jurídicas públicas, las Cajas de Ahorro y Entidades españolas de naturaleza y fines análogos, y las personas jurídicas privadas de nacionalidad española, o sociedades en cuyo capital la participación extranjera no sobrepase el 25%, y cuyos miembros, en razón de las normas por las que se rigen, estén totalmente identificados". Entienden los que estos días censuran a través de las redes sociales el deseo de Haro y Catalán de suprimir este punto que la intención, al menos a medio-largo plazo, es abrir la puerta a capital foráneo, los temidos fondos de inversión que tanto daño están haciendo en otras latitudes, pues llegan con mucho dinero y promesas, pero se van dejando un pozo del que a clubes como el Valencia CF (colista de Primera división) el Málaga CF (recién ascendido a Segunda) les está costando salir.
Por su parte, el 31 impone la obligación de que el presupuesto anual de la sociedad tenga que ser aprobado por la junta general de accionistas, un punto que, en estos momentos, no supone discordia alguna, pues, precisamente, si de algo pecan los gestores vigentes es de contención del gasto y responsabilidad para no caer en errores pasados en cuanto al aumento de la deuda, aunque los más escépticos sospechan que detrás puede haber intenciones futuras de embarcarse en proyectos mastodónticos, seguramente con los citados fondos como impulsores, que no tengan una red de seguridad. De cualquier manera, con la mayoría de facto de la asamblea controlada o afín, prácticamente podrán hacer lo que consideren más oportuno. A favor de Haro y Catalán es la trasparencia que ha regido su trabajo en los últimos años.