Alvaro Arenillas4 min lecturaCuando parecía que el Caso Negreira se iba apagando poco a poco, las últimas informaciones han vuelto a poner en el candelero. Así, si esta mañana conocimos que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, es imputado por cohecho, ahora sabemos que las conclusiones del juez Joaquín Aguirre alcanzar una dimensión mucho mayor.
Según señala El Mundo, el juez instructor da por hecho que la entidad blaugrana tuvo que beneficiarse de los arbitrajes y de que al menos hubo un grupo de árbitros corruptos que fueron partícipes del tal trama.
Lo cierto es que la envergadura del caso sigue creciendo mientras se espera una resolución. Si hasta hace poco Joan Laporta había quedado al margen, ahora se ha unidos a los ex presidentes del club azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los ex directivos Oscar Grau y Albert Soler, así como el propio José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), como imputados por los pagos de más de siete millones de euros realizados durante 18 años.
La imputación del presidente de la entidad culé no es una sorpresa. El propio juez señaló en su momento que había muchos indicios de que Laporta cometió los mismos hechos que los presidentes posteriores; sin embargo, estaba amparado por una prescripción que ya no es tal. Al contarse desde el último pago realizado, el cual habría tenido lugar en verano de 2018, se puede enjuiciar parte del primer mandato de Laporta.
De este modo, la conclusión del juez es que no han prescrito los delitos de cohecho, corrupción en los deportes y administración desleal respecto a Laporta, como tampoco respecto de aquellas personas que fueran miembros de la junta directiva del Barcelona durante su mandato o que estuvieran integradas en el organigrama y tuvieran responsabilidades en la forma de efectuar los pagos a Enríquez Negreira y su hijo Javier a través de las sociedades DASNIL 95 SL, NILSAD, SCP y SOCCERCAM SL.
Sin entrar en detalle en hechos, el juez señala que "Por deducción lógica, los pagos realizados por el Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual. De aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español, lo cual no significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos". Resumiendo: existió pago y corrupción.
Por último, también recalca que los actos que se investigan "tuvieron por fuerza que beneficiar al Barcelona en detrimento del resto de clubes. Dichos actos solo podían referirse a designaciones arbitrales tendenciosas o bien a admoniciones realizadas a los árbitros normalmente designados". Aún está por ver las consecuencias exactas de la investigación, pero el asunto cada vez pinta peor para los intereses del Barça.