Luisma Sánchez5 min lecturaEl magistrado a cargo del 'Caso Negreira' ha decidido inculpar al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, tras concluir que los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 2008 y 2010 no han prescrito y constituyen un delito de cohecho continuado.
El juez principal del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha ordenado la investigación de Laporta y los miembros de su junta directiva que estuvieron involucrados en los pagos. Esto se suma a las acusaciones previas de los dos ex presidentes del club, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
El juez discrepa de la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que había excluido a Laporta de la denuncia relacionada con los 7,3 millones de euros pagados por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira y su hijo entre 2001 y 2018. El juez argumenta que estos pagos podrían constituir un delito de cohecho continuado, lo que extiende el período de prescripción a diez años a partir del último pago en julio de 2018.
Según el juez, esta perspectiva se aplica a los presidentes y directivos del FC Barcelona, considerando que la pena potencial es de seis a siete años y medio debido a la naturaleza continuada del delito de cohecho. Esto abarcaría los pagos realizados entre julio de 2008 y 2010, durante el mandato de Laporta antes de Sandro Rosell.
Para Enríquez Negreira y su hijo, el juez indica que los hechos imputables se extienden hasta junio de 2003 debido a la posible pena de más de diez años de inhabilitación, ya que se les considera funcionarios públicos a efectos penales.
A pesar de la falta de evidencia de que los pagos a Enríquez Negreira tuvieran como objetivo favorecer al FC Barcelona a través del arbitraje, el juez cree que, por su naturaleza, estos actos podrían haber beneficiado al FC Barcelona en detrimento de otros clubes de LaLiga o sus rivales en la Copa del Rey. Esto justifica la consideración de cohecho continuado, que reduce la pena en comparación con la suma de múltiples delitos individuales de cohecho.
El juez se basa en una sentencia del Tribunal Supremo para argumentar que el delito de cohecho continuado es atribuible a los distintos presidentes que dirigieron el FC Barcelona, ya que la parte "pagadora" siempre es el mismo club.
El juez cambió el rumbo de la investigación del 'Caso Negreira' el 28 de septiembre al inculpar a los directivos del FC Barcelona y al propio club como entidad jurídica en relación con el delito de cohecho, además del ex vicepresidente del CTA y su hijo.
A pesar de que Negreira no era funcionario, el juez argumenta que, a efectos penales, tenía esa condición debido a sus funciones públicas en el CTA, como las calificaciones de los árbitros y los ascensos y descensos.
Las defensas del FC Barcelona y los directivos han apelado la inculpación por cohecho ante la Audiencia de Barcelona, sosteniendo que Negreira no puede ser considerado funcionario ni siquiera a efectos penales. Por otro lado, el juez defiende que un reciente fallo de la Audiencia Provincial de Madrid establece que la Real Federación Española de Fútbol tenía carácter de entidad jurídico-pública, lo que implicaría que sus directivos realizaban funciones públicas por delegación estatal.
Además de los delitos de cohecho continuado, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documento mercantil, el juez acusa a los investigados de falsedad contable en relación con las facturas aparentemente engañosas sobre los pagos a Negreira que el FC Barcelona presentó ante Hacienda para reducir el impuesto de sociedades.