La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso contra la imputación del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en relación con el ‘Caso Negreira’. El argumento principal es que los posibles delitos que se le imputan habrían prescrito en julio de 2020, y, por lo tanto, no se puede considerar responsable de los pagos realizados por las juntas directivas posteriores. Nuevo capítulo en el culebrón de los pagos del Barça al jefe de los árbitros.
Los fiscales Luis García Cantón y Ricardo Sanz-Garea solicitan a la Audiencia de Barcelona que anule la decisión del juez instructor de investigar a Joan Laporta, argumentando que los pagos efectuados entre 2008 y 2010 a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), ya habrían prescrito.
El juez Joaquín Aguirre sostiene que el plazo de prescripción por cohecho continuado es de diez años, contados hacia atrás desde la última fecha de pago a Negreira, en julio de 2018. Además, el juez argumenta que el delito es atribuible a los distintos presidentes del FC Barcelona, ya que el club era el pagador constante.
Los fiscales discrepan de esta interpretación y argumentan que el cómputo de prescripción debe realizarse desde la última infracción penal hasta la fecha actual. Según su punto de vista, la responsabilidad de Laporta por posibles delitos prescribió diez años después de su mandato, lejos de la fecha de marzo de 2023 en la que se admitió la denuncia de la Fiscalía.
Otro aspecto que se cuestiona es la teoría de la "autoría adhesiva" en la que se basa el juez para imputar a todos los presidentes del FC Barcelona en los pagos realizados a Negreira entre 2001 y 2018. Los fiscales argumentan que solo se pueden exigir responsabilidades a Laporta por hechos sobre los que tenía control y que no hay indicios de un acuerdo entre los sucesivos dirigentes del club con relación a los pagos a Negreira.
La Fiscalía Anticorrupción enfatiza que cada presidente y junta directiva es responsable de los pagos realizados durante su mandato y que no se pueden atribuir los pagos de uno a otro. Además, aclaran que su recurso contra la imputación de Laporta no implica discrepancia en la calificación penal de cohecho para los investigados en el 'Caso Negreira'.
En resumen, la Fiscalía busca revocar la imputación de Joan Laporta argumentando que los posibles delitos habrían prescrito y que no existen pruebas de un acuerdo entre los presidentes del FC Barcelona con relación a los pagos realizados a Negreira.