Adela Requena3 min lecturaContinúa la polémica generada por el Caso Negreira. En esta ocasión, el Gobierno de España ha asegurado que el Consejo Superior de Deportes (CSD) tomará las medidas correspondientes cuando exista la información suficiente, ya que ahora mismo continúa la investigación judicial sobre el asunto, tal y como ha informado La Vanguardia.
El Ejecutivo ha dado su respuesta sobre el Caso Negreira por escrito mediante una notificación que ha enviado al Congreso. Todo viene por la pregunta de los diputados Carlos Adanero y Sergio Sayas, del Grupo Mixto, para saber si La Moncloa ha pedido información a la Fiscalía sobre los pagos millonarios que hizo el FC Barcelona al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira.
La respuesta del Gobierno detalla que "respeta la investigación que lleva a cabo la Fiscalía" y alude al papel que tiene el CSD en esta ocasión. La contestación, recogida por Servimedia, se especifica que "por el momento, los hechos son investigados y, cuando se disponga de la información suficiente, el Consejo Superior de Deportes (CSD) adoptará las medidas correspondientes y actuará dentro del marco de legalidad vigente".
No obstante, el Gobierno ha hecho esta consideración tras referir a que la Ley del Deporte aprobada en diciembre del año pasado, “vela especialmente por el buen gobierno en el deporte al establecer mecanismos preventivos para favorecer la transparencia y ejemplaridad en su gestión, a través del código de buena gobernanza”.
Dicha norma establece como “infracción de máxima gravedad” las actuaciones dirigidas “a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición afecte o no al resultado, y, en general, las actuaciones que supongan un intento de alterar el normal desarrollo de una competición o actividad deportiva”. El plazo de prescripción en estos casos es 3 años.
Una de las "grandes novedades" de la nueva ley es la obligación de las ligas profesionales y las federaciones deportivas españolas de adoptar un “Código de Buen Gobierno” para el establecimiento de una estructura transparente e íntegra. Del mismo, incluye la prevención de ilícitos de cualquier orden, contemplado en el artículo 60.
La Vanguardia ha recordado que por este motivo, el Gobierno dice que “puede garantizar que el sistema sancionador en esta materia es eficiente y eficaz; además, los supuestos hechos investigados pueden ser objeto de sanción penal en cuanto a conductas que se encuadran dentro de los supuestos de corrupción, administración desleal o fraude en el deporte”.