Francia prepara una ley para atajar la corrupción en el fútbol

Evasión fiscal, blanqueo de capitales, amaño de partidos. El negocio del fútbol, que mueve miles de millones cada año, se ha convertido en un problema global al que el Gobierno francés quiere poner coto con una norma pionera en Europa.

Un proyecto de ley, propuesto por el senador socialista Dominique Bailly y cuya aprobación se espera para febrero de 2017, busca reforzar la transparencia en el fútbol profesional, especialmente en entredicho desde las polémicas filtraciones de 'Football Leaks' publicadas este mes.

"Un 30 % del dinero de una transferencia no llega a su destino final. No sabemos exactamente qué sucede. Por eso, queremos transparencia", denunció en una entrevista a EFE Bailly, quien estimó que centenares de millones de euros se evaden cada año del fisco francés.

Los documentos de 'Football Leaks', divulgados por un consorcio de medios europeos, han sembrado dudas acerca de las prácticas fiscales de varios futbolistas, entre ellos Cristiano Ronaldo y Paul Pogba y de sus respectivos representantes Jorge Mendes y Mino Raiola.

Todo ello en un negocio que, según cuentas de la propia FIFA, mueve cada año en transferencias entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

La ley que promueve Bailly quiere atajar algunos de los problemas más graves de la industria del balompié: magnates y fondos de inversión cuyo capital tiene origen dudoso y que compran clubes profesionales para un supuesto blanqueo, el amaño de partidos a través de apuestas por Internet y las dudosas comisiones que se embolsan los representantes.

"La lucha por la transparencia ha de ser como el combate contra el dopaje. El fin no justifica los medios para ganar. Y se necesita una respuesta internacional, no solo francesa", apreció el senador.

Por eso, en países como España o Portugal, cuyos clubes son citados con frecuencia en 'Football Leaks' como ejemplo de opacidad, sería "interesante" que se siguiese la estela de Francia, añadió Bailly. "No soy ingenuo y sé que nuestros colegas extranjeros han de hacer su trabajo", matizó.

¿Cómo pretende Francia controlar el negocio del fútbol? Será a través del refuerzo de las competencias de la Dirección Nacional de Control y de Gestión (DNCG), un organismo independiente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa, contó el senador.

Según Bailly, la DNCG analizará las compras de clubes franceses por otras entidades. Si se comprueban que esos fondos tienen origen dudoso, la adquisición se cancelará. Los derechos de imagen, un resorte por el que se sospecha que varios futbolistas hayan evadido millones en impuestos, serán formalizados junto al club para evitar que se monten ingenios fiscales, agregó.

Estrechar el cerco a la actividad de los representantes de jugadores será otra de las misiones de este organismo. Con la entrada en vigor de la ley, se pretenden controlar los flujos financieros que los agentes mueven en el territorio galo.

Los papeles de 'Football Leaks' mentan, entre otros, a dos agentes, quizá los más poderosos del mercado, el portugués Jorge Mendes y el ítalo-holandés Mino Raiola, sobre los que se han creado sospechas por montar controvertidos esquemas para sus clientes y por percibir elevadas e injustificadas comisiones.

"Conozco casos de jugadores que tienen contrato con un representante de toda la vida y que cuando llega la hora de una gran transferencia, por arte de magia, cambian de representantes. ¿Por qué? Porque hay una contrapartida financiera, que es legítima, pero que debe ser fiscalizada", comentó el senador.

Debido a esa estrecha regulación, existe el riesgo de que los mejores jugadores acaben por no recalar en el campeonato francés.

Sin embargo, para Bailly, la transparencia en el fútbol debe estar por encima de los objetivos deportivos y tiene que abordarse como se hace con la lucha global contra el dopaje.

El proyecto de ley para la ética y la regulación del deporte profesional, que también acoge medidas para promover la competitividad de los clubes y para mantener saneadas las cuentas de los clubes, espera su aprobación final en la Asamblea francesa para el 13 de febrero de 2017.