La tranquila comunidad de propietarios de Torre Bermeja, en Estepona (Málaga), ha sido sacudida por un escándalo financiero que ha llevado a los vecinos a presentar una denuncia ante un juez. El presidente de la comunidad, Stephen Hills, se encuentra en el centro de la polémica, acusado de asignarse un sueldo de 86.700 euros a cargo de los presupuestos comunitarios. Esta cifra no solo supera el salario de un ministro o de la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, sino que se queda a escasos 600 euros del propio presidente de la Junta de Andalucía.
La denuncia, presentada por el abogado David Valadez en representación de los vecinos afectados, sostiene que esta práctica no solo es sorprendente para los propietarios locales, sino que también viola los estatutos comunitarios. Valadez argumenta que, según dichos estatutos, "el cargo de presidente es gratuito", y la decisión de asignar un sueldo a Hills es un intento de "enmascarar la atribución de un elevadísimo sueldo" bajo la denominación de "Administración Gerente de la Urbanización", una figura no contemplada ni aprobada por la comunidad de propietarios.
El sueldo asignado a Hills no es el único punto de controversia. Además de la retribución económica, el presidente se ha eximido de pagar las cuotas de comunidad, una cifra que podría ascender a más de 6.000 euros anuales. Según Valadez, esta exención va en contra de los estatutos comunitarios, que establecen claramente que cada propietario debe contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble.
La denuncia subraya que estas decisiones "lesionan gravemente los intereses" del resto de los comuneros y constituyen "una infracción del título constitutivo" al permitir que el inmueble no contribuya a los gastos de la comunidad, contraviniendo lo estipulado.
La denuncia ha puesto en marcha un proceso legal que deberá esclarecer las presuntas irregularidades financieras en Torre Bermeja. Mientras tanto, los vecinos expresan su indignación ante la posibilidad de que el presidente se haya beneficiado de manera indebida, generando un malestar que se refleja en la comunidad.
Este caso no solo destapa posibles malas prácticas financieras, sino que también pone de relieve la importancia de la transparencia y la observancia de los estatutos comunitarios en la gestión de comunidades de propietarios. La evolución de este escándalo financiero arrojará luz sobre el alcance de estas presuntas irregularidades y sus consecuencias legales. La comunidad espera que la justicia esclarezca los hechos y se tomen las medidas necesarias para restaurar la confianza y la integridad en la gestión de Torre Bermeja.