Con el fin de la Feria de Abril de Sevilla llegan los primeros balances de la misma, siendo uno de ellos el presentado por la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), quienes catalogan como acierto el movimiento del Ayuntamiento de Sevilla a la hora de ponerle fin a la limitación a la venta de alcohol en las zonas aledañas al Real. El adiós de la conocida popularmente como ley seca ha sido definido por parte del CES como todo "un éxito", pues "el hecho de que no haya aumentado la práctica de la botellona en el entorno de la Feria confirma la acertada y valiente decisión del alcalde, José Luis Sanz, de eliminar las medidas restrictivas para la actividad comercial y corrobora que las limitaciones de años anteriores eran desproporcionadas en comparación con los resultados obtenidos".
En la nota de prensa facilitada por la patronal sevillana, subrayan también la "colaboración" entre la CES y la administración local, algo que consideran que "ha sido clave" a la hora de tratar de "garantizar la normal convivencia del entorno". Todo ello, sin necesidad de que se viera afectada la actividad comercial ni los usuarios de la zona, como sí ocurrió en años anteriores "con la imposición de restricciones horarias a la venta de alcohol".
Junto a ello, recuerdan los empresarios sevillanos que los comercios de la zona han seguido actuando bajo la normativa vigente, al igual que "en cualquier época del año". En años anteriores, sin embargo, la normativa impedía en ciertos horarios la venta de alcohol, así como de otros alimentos, véase zumos, leche o batidos, con el argumento de ser "susceptibles" de ser consumidos en la vía pública.
Según la CES "el fin de la ley seca ha demostrado que la venta de alimentos y bebidas alcohólicas de los comercios no era la causante de esta práctica". Para ello se basan en guente de la Policía Local de Sevilla, según las cuales no se ha incrementado el botellón durante la Feria de Abril de 2024.
En el comunicado, concluyen: "Al igual que el alcalde, consideramos que la ley seca era desmesurada, ya que vulneraba los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad, necesidad y eficiencia al afectar negativamente la actividad empresarial de los negocios de la zona y perjudicar a los miles de consumidores, usuarios residentes y trabajadores de estas zonas, que ya de por sí se ven afectados en este periodo por muchas restricciones y que no siempre pueden alterar sus horarios de compra fuera del perímetro afectado".