José Antonio Rivero3 min lecturaLos sindicatos de Renfe y Adif han alcanzado un acuerdo que resulta en la desconvocatoria de la huelga programada para comenzar este viernes, según informan fuentes cercanas a las negociaciones. La convocatoria de paro se había gestado en respuesta a los acuerdos de investidura entre el PSOE y ERC, que contemplaban el traspaso a la Generalitat de Cataluña de servicios e infraestructuras actualmente gestionadas por Renfe y Adif, respectivamente.
Este anuncio desencadenó una pronta reacción de los comités de ambas empresas públicas, que temen una fragmentación de las compañías como consecuencia de los acuerdos con ERC y otros partidos, como el PNV, que también exige la materialización del traspaso de operaciones e infraestructura antes del primer trimestre del próximo año. Ante esta situación, los sindicatos habían convocado una huelga para los días 24 y 30 de noviembre, así como el 1, 4 y 5 de diciembre, generando un impacto significativo en los servicios de Renfe, con la cancelación de 1.548 trenes de media, larga distancia y AVE, además de 990 trenes de mercancías.
Aunque el acuerdo sindical está pendiente de firma, se destacan "compromisos para mantener la integridad de las empresas y establecer una mesa de negociación". Sin embargo, la extensión exacta de estos compromisos es aún incierta, especialmente considerando que el acuerdo del 2 de noviembre entre PSOE y ERC establecía claramente que "el Ministerio de Transportes traspasará a la Generalitat de Catalunya la titularidad de la infraestructura ferroviaria en la que los servicios prestados sean de forma exclusiva titularidad de la Generalitat y puedan excluirse de la explotación conjunta del resto de la Red Ferroviaria de Interés General".
El plan de fragmentar la red pública sorprendió incluso al gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, cuyas fuentes internas expresaron incredulidad ante lo que consideran una iniciativa "inédita y sin precedentes", así como un "desafío técnico y jurídico".
En términos de operaciones, el acuerdo de investidura proponía transferir vehículos y trabajadores a la Generalitat de Cataluña ya el próximo año. Se acordó específicamente "constituir la empresa mercantil Rodalies Catalunya, con participación mayoritaria de la Generalitat de Catalunya, segregada de Renfe Viajeros, la cual se dotará de los recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios para la prestación de los servicios de Rodalies en Cataluña por parte de Renfe".
Estos compromisos resultaron ser más allá de lo que los trabajadores ferroviarios podían aceptar sin objeciones. A pesar del respaldo de las cúpulas de CCOO y UGT al PSOE en su formación de Gobierno, las federaciones ferroviarias forzaron la revisión del pacto, llevándolo a una mesa de negociación con el compromiso de no dividir las empresas.