La Junta de Castilla y León, bajo el liderazgo de las formaciones políticas PP y Vox, ha dado un paso polémico al tomar medidas con respecto a la recién promulgada Ley de Bienestar Animal. Estas medidas afectan directamente a los dueños de perros, ya que prohíben que las mascotas accedan a edificios públicos autonómicos, generando un debate entre los ciudadanos y los amantes de los animales.
Esta nueva regulación de bienestar animal, que entró en vigor el 29 de septiembre, había establecido originalmente una política opuesta, permitiendo el libre acceso de los perros a edificios públicos autonómicos, como oficinas de empleo, centros de formación, bibliotecas, museos y espacios deportivos. Sin embargo, esta ley también contempla una excepción que permite prohibir el acceso de animales si existe una prohibición expresa debidamente señalizada.
La decisión de prohibir la entrada de perros a edificios públicos ha sido impulsada por Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la comunidad, con el objetivo de evitar que los ciudadanos lleven a sus mascotas a realizar trámites burocráticos o visitas culturales en estos lugares.
Para implementar esta restricción, será necesario señalizar adecuadamente los edificios públicos que prohíban la entrada de animales, aunque se mantiene la excepción para los perros guía, que seguirán teniendo acceso de acuerdo con las normativas existentes.
La justificación que ofrece la Junta de Castilla y León para esta medida se basa en el texto de la propia Ley de Bienestar Animal. El artículo 29.3 de esta ley establece que se permitirá el acceso de animales de compañía a edificios públicos "salvo prohibición expresa, debidamente señalizada y visible desde el exterior". Además, se respaldan en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que establece el derecho de los ciudadanos a recibir una buena Administración en sus relaciones con la Administración Autonómica y el deber de los poderes públicos de proporcionar servicios públicos de calidad, promoviendo la tolerancia, el respeto y el civismo democráticos.
La principal alegación de la Junta es que esta medida es necesaria para "evitar situaciones de riesgo para la salud, tanto de los alumnos y profesores como del personal que presta sus servicios, derivadas de problemas como fobias y alergias". No obstante, esta restricción ha generado preocupación y críticas entre los dueños de perros, quienes argumentan que sus mascotas son educadas y bien comportadas, y que la prohibición debería aplicarse de manera selectiva en lugar de establecer una restricción total.
La nueva Ley de Bienestar Animal también ha introducido cambios significativos en otros aspectos relacionados con las mascotas y sus dueños. Se han ampliado los espacios en los que los animales pueden estar presentes, con el objetivo de facilitar la convivencia entre humanos y animales. Entre las nuevas disposiciones, se destaca lo siguiente:
A pesar de estos avances, la nueva ley también prohíbe el acceso de animales de compañía a lugares como centros educativos y hospitales por razones de seguridad y salud pública. Las playas y parques municipales seguirán regulados por las ordenanzas de cada ayuntamiento, lo que indica que las políticas de bienestar animal pueden variar según la ubicación geográfica y las preferencias locales.