Paula Fiorella Méndez3 min lecturaLa Fiscalía intenta poner fin a los cánticos racistas en los estadios de fútbol o en otras competiciones deportivas, y para ello, Miguel Ángel Aguilar, recién nombrado discal de Sala contra los delitos de odio y discriminación, pondrá en marcha un proyecto de actuación que tiene como objetivo perseguir a todos aquellos aficionados que pongan en práctica este tipo de comportamientos. Todo este tipo de actuaciones se sancionarán por vía penal.
Tanto los cánticos racistas, como xenófobos, machistas y homófobos serán perseguidos y sancionados por parte del Ministerio Fiscal, además de aquellos que sean discriminatorios cuando impliquen algún tipo de humillación pública para los jugadores, árbitros u otros profesionales deportivos, actuando contra su dignidad como personas.
Siguiendo la La Ley contra la Violencia en el Deporte, aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, este tipo de actuación que afectan a la integridad de las personas contempla una de las multas más altas del ordenamiento español, las sanciones más graves de la ley antiviolencia en el deporte ascienden hasta los 650.000 euros.
Desde Cataluña (donde estaba destinado hasta el momento), Aguilar abrió recientemente una vía para reclamar penas de prisión en estos casos. En concreto, reclamó penas de dos años de prisión para un aficionado del Espanyol, acusándolo de imitar sonidos de “mono” dirigidos hacia Iñaki Williams, delantero del Athletic de Bilbao. Siguiendo el artículo 510.2 letras A, que castiga entre seis meses y dos años de prisión a los individuos “que lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito por motivos (...) racistas”, y el artículo 510.5, que añade inhabilitación especial.
Estos dos artículos también se pueden unir al 73.1, que sostiene que "el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años", a lo que Aguilar quiso añadir una multa de 5.400 euros, "prohibición de acceder a estadios de fútbol en cualquier categoría durante un tiempo superior a cinco años al de la pena de prisión impuesta" e "inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre" por el mismo periodo de tiempo.
Además de la persecución de este tipo de comportamiento, el fiscal prevé acciones de prevención que ya ha ido desplegando desde su sección autonómica, y para ello defiende la necesidad de celebrar reuniones periódicas con los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado especializadas en el ámbito deportivo, los coordinadores policiales de seguridad, por lo que ve esencial el contacto con los responsables de los grandes clubes de fútbol, algo que en Cataluña ha puesto en marcha con el Barça y el Espanyol.