Alberto Gálvez4 min lecturaLa Fiscalía ha solicitado otros seis años de cárcel para el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por el presunto fraude a la Seguridad Social cometido por dos empresas de seguridad privada que considera que controlaba a través de personas de su confianza.
En concreto, la fiscal de Delitos Económicos de la Audiencia de Las Palmas, Evangelina Ríos, sostiene que Miguel Ángel Ramírez eludió pagar cotizaciones de los trabajadores de las firmas Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Novo Segur Seguridad Privada (previamente denominada Marseguir) por un importe total de 791.572 euros, según relata en un escrito de acusación adelantado este martes por el diario Canarias 7.
El Ministerio Público describe en su acusación una serie de prácticas que habrían contribuido a que la Seguridad Social recibiese de Sinergias y Novo Segur menos cotizaciones de las que le correspondían, entre las que destaca el "imponer" a sus empleados salarios inferiores a los estipulados por "la normativa aplicable" (los convenios del sector de la seguridad privada).
Ramírez está pendiente de que la Audiencia de Las Palmas dicte sentencia sobre un caso similar, en el que se juzgó un pregunto fraude millonario a la Seguridad Social en las cotizaciones que la empresa Seguridad Integral Canaria debía abonar por sus empleados, una causa en la que la fiscal Ríos pidió para él 21 años de cárcel.
El caso instruido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria sobre Sinergias y Novo Segur guarda algunas similitudes con el de Seguridad Integral Canaria, pero en él no se menciona como mecanismo de fraude el pago de horas extras como dietas, sino directamente la infracotización por la "imposición" a los empleados de condiciones salariales más desfavorables.
Según la Fiscalía, en Sinergias y Novo Segur el perjuicio a la Seguridad Social se ocasionó pagando por debajo de los convenios, "dejando de incluir" en las nóminas algunos conceptos o reduciendo su importe.
La acusación pública recalca en su escrito de cargos que se trata de dos empresas "dominadas por don Miguel Ángel Ramírez Alonso, quien no solo auspició la constitución de las mismas, aportando el capital necesario para ello, sino que colocó formalmente como socios y administradores de estas a personas de su más estrecho entorno".
Y conecta este caso con el de Seguridad Integral Canaria, porque asegura que esa firma le "trasvasó importantes clientes" cuando se vio inmersa en varios litigios con Hacienda y la Seguridad Social y "justo antes" de solicitar entrar en concurso de acreedores.
Como colaboradores de Ramírez en este presunto fraude, la Fiscalía cita a seis personas: Alicia P.S., Jacobo L.P., Antonio R.A., Jesús Miguel A.S., Marta Rosa H.M y Gladys Jesús A.G., a los que acusa también de delito contra la Seguridad Social y para los que pide penas de tres años de cárcel (seis, en el caso de Alicia P.S.).