José Antonio Rivero3 min lecturaEste jueves, los jóvenes futbolistas provenientes de la cantera del Real Madrid que fueron detenidos por la Guardia Civil quedaron en libertad bajo supervisión judicial después de proporcionar datos de sus teléfonos móviles como parte de la investigación en curso. Las detenciones se llevaron a cabo en relación con la difusión de un vídeo a través de WhatsApp, el cual mostraba a uno de los implicados teniendo relaciones sexuales consensuadas con una menor de 16 años. El motivo de las detenciones se basa en la presunta revelación de secretos de índole sexual, y no en un caso de agresión, ya que las relaciones fueron consensuadas, aunque la difusión del vídeo no lo fue.
Los hechos se remontan al inicio del verano en Mogán, Gran Canaria, y fueron denunciados por la madre de la menor el 6 de septiembre ante las autoridades de la Guardia Civil. Según fuentes de la investigación, los detenidos incluyen a un jugador del segundo equipo del Real Madrid, el Castilla, y a dos del Real Madrid C, aunque el club ha informado que tres jugadores del tercer equipo han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación con este incidente.
La investigación está siendo llevada a cabo por la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria, a raíz de la denuncia presentada por la difusión del vídeo que uno de los futbolistas había grabado.
Es importante destacar que hasta el momento no se han abierto diligencias judiciales relacionadas con estos hechos, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El Código Penal español establece que la difusión de imágenes o vídeos íntimos sin el consentimiento de la persona afectada puede conllevar penas de prisión que varían desde tres meses hasta un año, así como multas de seis a doce meses, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de la persona afectada. Además, desde la entrada en vigor de la ley del "solo sí es sí", también existe una sanción penal para la redifusión sin consentimiento de materiales con contenido íntimo, con multa de uno a tres meses.
El caso ha generado una respuesta enérgica por parte de funcionarios del gobierno, incluyendo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez. Ambas han enfatizado que la difusión de contenido sexual sin consentimiento constituye una forma de violencia sexual, y han expresado su apoyo a la víctima y su familia. Montero subrayó que "España ha dicho #SeAcabó" y que se debe garantizar todos los derechos de las mujeres, mientras que Rodríguez recordó que la ley del "solo sí es sí" establece sanciones para quienes cometan esta forma de violencia sexual.