En las últimas semanas se han intensificado los movimientos en el
Betis de cara al inminente
mercado de fichajes que abrirá en enero y en el que el
club verdiblanco confía en cerrar algún
fichaje -todos los focos están puesto en el centro del campo, que es la demarcación con más carencias- que será financiado con alguna que otra salida que se espera, además de con algún nuevo
cambio de aires de cedidos que no tienen protagonismo en sus actuales clubes de destino y con otros futbolistas a préstamo por los que se podrían ingresar ya las opciones de compra contempladas en sus respectivos contratos. A todo ello, además, se une un remanente pequeño pero holgado que la entidad reservó en verano para la ventana invernal de transferencias.
Así lo han explicado
altos dirigentes del Betis durante un desayuno informativo celebrado en la mañana de este viernes en el espacio
Heliópolis del
Estadio Benito Villamarín para explicar el estado de las cuentas del club a un mes vista para la
Junta General de Accionistas que se celebrará a mediados del próximo mes de diciembre. En este encuentro, desde el club han admitido tener varias
operaciones en marcha y han dejado claro que un hipotético
despido del entrenador no sería un obstáculo para reforzarse en enero.
En primer lugar, porque en la negociación de su fichaje por el Betis previo pago al Espanyol del millón de euros de su cláusula de rescisión, el club
acordó con Rubi una serie de
penalizaciones económicas en el caso de que se produjese una
cancelación o una
ruptura de su contrato por
no cumplir con los objetivos previstos (el equipo tiene la meta de luchar por Europa y está decimoséptimo, tras pasar dos jornadas en puestos de descenso). Es decir, que no tendría que abonarle la totalidad de su ficha en los dos años y medio que le restan por cumplir. Además, el órgano de control económico de
LaLiga concede una medida de gracia por el que se puede
ampliar el presupuesto destinado al entrenador en caso de cese. Este gasto debe ser de un máximo de un 4% del límite de plantilla, ampliable en un 2% más para poder abordar un hipotético relevo en el banquillo.
Se estima que la cantidad reservada para fichajes en enero alcanza varios millones de euros, pero la
directiva verdiblanca asegura que
ese margen se verá ampliado en breve, ya que desde el inicio de la temporada se han cerrado
acuerdos con nuevos patrocinadores y hay
nuevos ingresos que no están previstos (como pluses y plazos por el barcelonista
Junior Firpo) en las cuentas que maneja
LaLiga para fijar un control financiero y un techo de gasto salarial que el
Betis cumple a rajatabla.
En este sentido, desde la entidad transmiten que
el límite salarial tampoco será una traba para fichar, si bien precisan que
no van a hacer locuras ni a agotar ese remanente disponible, ya que la única manera de mantener y continuar con el espectacular crecimiento económico “acelerado” de los últimos años es
seguir generando ingresos y beneficios. De este modo, se espera que algunos
jugadores que no están contando para
Rubi salgan para liberar fichas y taquillas (el caso de Diego
Lainez es uno de los más probables) y a ellos se unirán algunos jugadores cedidos por los que se espera que hagan efectivas las opciones de compra de sus contratos en enero, ya que la cuantía a abonar por sus actuales clubes son más baratas ahora que en junio de 2020.
Cabe recordar que el
Tottenham tiene una opción de compra de
Giovani Lo Celso de 31 millones de euros, con los que el Betis confía en contar a corto plazo. Además, el
Crystal Palace podría quedarse en propiedad a
Víctor Camarasa por 13,5 millones y el
Genoa puede hacer lo propio por
Tonny Sanabria por una cantidad que oscila entre los 20 y los 25 kilos. No obstante, en estos dos casos y en el préstamo de
Aitor Ruibal al Leganés, preocupa la falta de minutos que están teniendo, sobre todo el centrocampista valenciano y el atacante canterano. En estos casos, se estudia la posibilidad de
romper sus contratos de cesión y negociar nuevas operaciones de salida. Esta cancelación en ningún momento podrá ser unilateral, pues no lo permiten sus contratos, sino que tendría que ser negociado entre las dos entidades afectadas.